Se emplea un proceso colaborativo de aplicación de la ley que combina drones y operadores humanos: los drones, equipados con cámaras de alta definición y módulos de monitoreo infrarrojo, realizan escaneos exhaustivos de áreas inaccesibles, como riberas de ríos y límites de parques industriales. Posteriormente, llevan a cabo inspecciones a corta distancia de ubicaciones clave, como el área central de 500 metros que rodea las estaciones de monitoreo nacionales y las salidas de aguas residuales industriales, detectando eficazmente actividades ilegales como vertidos ilegales, fugas y cierres de instalaciones. El personal de las fuerzas del orden registra datos y realiza análisis preliminares simultáneamente, conformando un ciclo cerrado de "monitoreo aéreo - recopilación de datos - verificación en tierra".

Efectos:
Un solo dron puede patrullar aproximadamente 5 kilómetros cuadrados en una hora, logrando una eficiencia tres veces superior a la de las inspecciones manuales. Esto supera las limitaciones del terreno y resuelve el problema de los puntos ciegos inaccesibles y ocultos, como barrancos y bosques densos.